Régimen penal juvenil en Salta: Vittar explica dónde irán los menores detenidos, qué pasa con los padres, los abusos y las peleas escolares

¿Dónde se alojará a un adolescente que reciba una condena de 15 años y llegue a la adultez mientras cumple la pena? Para Fabián Vittar, juez de la Corte de Justicia de Salta, esa es una de las respuestas que el Estado debe construir ante el nuevo régimen penal juvenil. “No puede ser parte de un pabellón de adultos de Villa Las Rosas”, sostuvo en una entrevista con El Tribuno, en Ciudad Judicial.

Vittar advirtió que los espacios destinados a menores deberán reunir condiciones de seguridad, pero también garantizar asistencia psicológica, contención y posibilidades de reinserción. La discusión, señaló, excede la baja de la edad de imputabilidad: incluye cómo prevenir los delitos, aplicar medidas alternativas y atender a chicos atravesados por las adicciones.

Esos desafíos formarán parte del IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, que se realizará el jueves 1 y el viernes 2 de octubre en el Centro de Convenciones de Salta, bajo el eje “La especialidad como garante de la paz social”. Lo organizan la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus), el Foro Penal Juvenil y la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta, con el auspicio del Gobierno provincial.

El encuentro abordará la implementación de la Ley 27.801, las intervenciones específicas frente al delito adolescente y los enfoques restaurativos para la reintegración social. La apertura será el jueves a las 14.20 y la conferencia inaugural estará a cargo de María Julia Garcete, directora general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA.

Con más de 1.900 inscriptos, según indicó Vittar, el congreso pondrá en discusión las respuestas de los poderes judiciales ante el nuevo régimen. En la entrevista, el magistrado también defendió los juicios abreviados, propuso ampliar los delitos que pueden ser juzgados por jurados y confirmó que su mandato vence a fin de año, sin que haya mantenido conversaciones con el gobernador sobre una eventual renovación.

—Hace poco cambió el régimen penal juvenil y Salta será sede de un congreso para debatir esos cambios y sus implicancias para la sociedad y, sobre todo, para los chicos. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese encuentro?

—Salta tiene hoy el honor y la responsabilidad de recibir a todos los operadores de la Argentina relacionados con el régimen penal juvenil. Tenemos más de 1.900 inscriptos. Es un hito institucional y académico de alto impacto, porque hace muchos años no había en Salta un evento jurídico de esta envergadura. Se da en un momento muy importante de la Argentina, con el nuevo régimen vigente desde el 5 de septiembre. Hay un elemento importante: el impacto que tuvo durante este mes en todas las jurisdicciones.

Van a venir casi 50 jueces de cortes y tribunales superiores de todo el país, jueces de menores, fiscales, defensores, psicólogos, asistentes sociales y equipos interdisciplinarios para discutir la implementación. El programa está desarrollado para compartir experiencias, hablar de los problemas y reflejar qué está pasando en el país.

También tenemos que mirar la nueva ley en consonancia con los tratados internacionales que nos obligan a proteger a niñas, niños y adolescentes. No solo juega la edad de imputabilidad, que es de 14 años, sino también los delitos cometidos por menores, los distintos niveles de actuación del Estado y la eventualidad de una restricción efectiva de la libertad de chicos tan chicos. Eso implica aplicar penas y tener lugares de detención.

—Cuando se trató la ley, se asoció la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años con la idea de que la única salida era un centro de detención. Pero también establece soluciones alternativas para dar una respuesta de la Justicia, ¿no?

—Así es. La ley prevé distintos niveles: desde la amonestación y la restricción de la libertad domiciliaria hasta conductas y actividades para reconducir su vida en relación con el delito que cometen. Se trata también de evitar que los chicos vayan a centros de detención. Todo eso genera una acción del Ejecutivo coordinada con el Judicial. Por eso son importantes estos eventos, en los que también participan las secretarías de la Niñez y las entidades que intervienen.

El Poder Judicial actúa sobre la consecuencia. Cuando se judicializa un caso, el hecho ya se produjo y tenemos que dar una solución entre las alternativas que nos ofrece la ley. Pero con el Ministerio Público estamos trabajando proactivamente en la prevención, yendo a las escuelas y advirtiendo qué pasa en la sociedad. El delito tiene un origen anterior a la judicialización: qué está pasando en las casas y cuál es el conflicto que tenemos que atender como Estado.

Esto nos obliga a trabajar juntos. Primero, en la prevención, advirtiéndoles a los chicos que muchas conductas constituyen delitos y les generan una causa penal, y que los padres tienen responsabilidad. La ley también prevé que los efectos económicos y patrimoniales de las conductas de los menores sean afrontados por los padres. No es una responsabilidad individual del menor: vos cometés esto y tus papás tienen problemas.

Después está la otra preocupación: cometido el delito, ¿qué hacemos?, ¿cómo resocializamos?, ¿adónde mandamos?, ¿cómo se cumplen las reglas de conducta?, ¿cómo ayudamos a que se cumplan? El objetivo final es resocializar, no detener.

—Usted planteaba las distintas realidades y problemas. ¿Qué situación ve en Salta en cuanto a la problemática juvenil?

—No tenemos índices muy altos. Eso nos ha dado mucho margen a la Corte para tomar decisiones junto con el Ministerio Público y prepararnos para una situación que no nos desborde. Los números no son significativos. En este último mes hubo unos 70 casos y no están judicializados todos.

Veníamos con un índice bajo en los lugares tutelares. Cuando fuimos hace casi dos meses a ver los lugares donde la nueva implementación podría implicar alojar a menores, no había más de cuatro en un lugar con infraestructura adecuada para recibirlos. Estamos preparándonos para ser eficientes, sin la urgencia de una avalancha de nuevos casos que no podamos atender.

Los mayores porcentajes de delitos cometidos por menores son contra la propiedad. Hay también un número menor, pero significativo, de cuestiones relacionadas con abusos sexuales. La toma de conciencia sobre qué conductas significan un abuso sexual y cuáles son vistas como una travesura es algo que estamos marcando muy fuertemente.

Muchos de los delitos contra la propiedad están relacionados con otro problema social que también encaramos: las adicciones. Vemos chicos imputados o judicializados por robar zapatillas en la vía pública.

—O en la propia casa, ¿no? Padres que en algún momento se cansan y los denuncian porque se llevan los electrodomésticos.

—En la propia casa. Son denunciados porque se llevan los artefactos para cambiarlos por alguna necesidad vinculada con la adicción. Ese también es un problema social que estamos buscando atender. Si bien no es el rol del Poder Judicial, tenemos equipos interdisciplinarios que actúan permanentemente con otras organizaciones.

Tenemos un problema grave: no hay dónde tratarlos y no hay compulsividad en el tratamiento de las adicciones. Nuestro régimen prevé la voluntariedad, y eso genera un problema. Pero cuando existe la voluntad, hay que tener dónde mandarlos y que eso sea eficiente. Esto nos relaciona con otro tema en el que estamos trabajando mucho: la salud mental.

Hace unos meses tuvimos jornadas en el Poder Judicial con jueces y representantes del Ejecutivo. Fueron muy productivas, intensas e interesantes, porque había reclamos. El juez decía: “Yo te mando un chico para que lo trates por una adicción”, con un problema neurológico producto del paco, de mala calidad, o del consumo de pegamento. Eso produce un daño físico enorme y no tenemos dónde atenderlo, no se da abasto o hay que generar alternativas. Desde el Ejecutivo decían: “Sí, pero ustedes no nos manden todo y de esta manera”.

Eso generó mesas de diálogo para acordar parámetros y buscar soluciones. Tratar de coordinar. La salud mental es un tema del que nos tenemos que ocupar; hay un déficit en la Argentina. Los padres no saben cómo actuar.

Los padres terminan denunciando y dicen: “Llévenselo a algún lugar”. Lo vemos en tribunales todos los días, así de grave es. Dicen que no pueden tenerlo en la casa, que no lo controlan, que les roba, que es violento con los hermanos. Piden ayuda.

Nosotros no podemos compulsivamente detener a un menor y llevarlo a un centro de detención. Hay un régimen de voluntariedad y esto requiere políticas de Estado. Tiene mucho déficit en la Argentina. Estoy en la Junta Federal de Cortes y lo discutimos mucho con otras jurisdicciones: qué hacen y qué problemas tienen.

—Desde la Justicia también se está pidiendo una acción, entonces.

—Sí. Tenemos un buen diálogo con el Ministerio de Justicia de la Nación y estamos actuando regionalmente, en el NOA y el NEA, en lo que sería el Norte Grande judicial, porque las realidades son las mismas.

Estamos pidiendo lugares solventados por el Estado nacional que sirvan para una respuesta regional. Entendemos que no se puede poner un centro de recuperación por provincia, pero sí uno regional que comprenda Salta, Tucumán y Jujuy, por ejemplo. Un lugar al que los jueces puedan enviar a estos menores y que tenga capacidad para contenerlos. Otro para Chaco, Corrientes y Formosa. Lo estamos pidiendo en forma conjunta. Entendemos que no se puede hacer individualmente, pero sí como región.

—Llevándolo a situaciones cotidianas: si un chico de 15 años inicia una relación sexual con una persona de la misma edad y después la madre de esa chica lo denuncia, ¿puede constituir un delito?

—Sí, en términos técnicos lo es. Y eso justamente implica la prevención: hacerles saber que eso constituye un delito. Por supuesto, no es lo mismo un mayor con una menor que dos menores. El conocimiento de la existencia del tipo penal tiene mucho que ver, y también el consentimiento.

Hoy el despertar sexual ha bajado, o por lo menos se visibiliza de otra manera. No me atrevería a decirlo, pero hoy es más común. Cuando la ley determina que en esas edades no hay conciencia o voluntad de consentimiento sexual, porque no tienen la capacidad, genera este inconveniente.

Una de las cosas que hacemos, junto con el Ministerio Público, es ir a las escuelas. La Defensoría General también manda defensores a decirles: “Nosotros los vamos a defender, pero queremos que ustedes tengan conciencia del delito”. Lo mismo sucede con la violencia doméstica o las relaciones entre pares. Una agresión en una escuela, que antes era un problema entre padres o dentro de la escuela, hoy puede ser un delito. Lastimar a un compañero puede constituir una lesión.

Hay que advertir esa situación y trabajar con las escuelas. Lo hablamos con la ministra de Educación. Tenemos un programa de Justicia en la Escuela muy interesante: visitamos unas 100 escuelas anualmente, con jueces que hablan de estos temas con los chicos.

—Eso también requiere que los padres cambien el chip. Antes, si un chico sufría bullying, el padre podía decirle: “Devolvele con una piña”, “demostrá que sos macho”. Si ese chico se defiende, entre comillas, golpea y provoca una lesión, ¿puede quedar sujeto a una sanción penal?

—No es la intención del Poder Judicial ser tan punitivo de esa manera. Lo prevé la ley, pero eso nos advierte sobre la necesidad de mirar otras maneras de actuar en la Justicia que no sean la sanción.

Hablamos en términos fríos de conductas que constituyen delito, pero no hay que tratar al menor en esa circunstancia como si fuera un delincuente. Es parte de una realidad social que tenemos que cambiar. Estamos en un proceso de transición, de cambios tan profundos que requieren una mirada distinta de la sociedad.

—Ahí aparecen herramientas como las amonestaciones que usted mencionaba. ¿Cómo se aplican?

—Es un buen principio para generar conciencia. La actuación inicial es de los fiscales, antes de que el caso se judicialice. Tienen herramientas para evitar llevar a un menor ante un juez y generar un estigma o, posiblemente, una sanción penal más dura sobre alguien que está construyendo su conciencia ciudadana.

La amonestación es una advertencia desde una autoridad de la importancia de un fiscal, que le muestra cuál es la conducta que debe primar. Eso impacta en el colegio, en la familia y en el barrio.

Después hay medidas alternativas, como imponerle una conducta frente a la sociedad: una actividad en un club, una actividad social, muchas veces también religiosa, si tiene ese perfil. El menor está mostrando ante su entorno una voluntad, impuesta por el Estado, de modificar su conducta.

También está la posibilidad de ponerle una pulsera electrónica o establecer restricciones de acercamiento a las víctimas. Todas son soluciones anteriores a la detención efectiva.

Hoy podemos tener un chico condenado con el máximo que la ley permite, que son 15 años, por un delito que para un adulto tendría pena perpetua. La perpetuidad no está permitida por el tope de la ley. Pero esto implica también, Pablo, hablar de dónde lo llevamos. Un chico que va a estar 15 años preso desde los 14 se va a convertir en adulto en situación de detención. No puede ser parte de un pabellón de adultos de Villa Las Rosas.

—¿Y adónde lo van a llevar?

—Aunque tenga pena de adulto, no puede tener tratamiento de adulto. Hay que generar los lugares de detención con las normas de seguridad. Acuérdese de que el tratamiento era tutelar, no con régimen penitenciario: con asistentes sociales, asistencia psicológica y seguridad en el entorno del lugar. Hay que generar esos espacios.

Nosotros tenemos aquí al frente un lugar y estamos hablando de que pueda congeniar esa situación. Si necesitamos lugares de detención frente a delitos graves, que impliquen para un menor de 14 años en adelante una pena de 15 años, tiene que haber un lugar con esas normas de seguridad, pero también con contención y reinserción social.

—Para aplicar esas alternativas antes del último recurso, que es la detención, ¿hay pulseras electrónicas suficientes? Por ahí faltan para los adultos. Y, además, ¿quién verifica que un chico vaya al club o cumpla la actividad que se le impuso?

—Buenas preguntas las dos. En la primera, hoy estamos sujetos a la provisión de pulseras de la Nación. Tuvimos una reunión con Juan Mahiques, que estuvo en Salta, en un encuentro que organizamos aquí en la Corte, y empezamos a generar un vínculo para que nos provean más.

Pero la Corte hizo algo más, sabiendo que eso también tiene un límite. Hay una alternativa con una empresa argentina de tecnología radicada en San Juan que está proveyendo estos instrumentos a muy bajo costo. Podríamos acceder sin tener que esperar la provisión nacional. Estamos explorando esa posibilidad para tener un stock suficiente y que no nos falten.

Es una buena alternativa por dos razones: no colapsamos los sistemas de detención y les damos garantías a las víctimas de que las personas están en un lugar determinado. La preocupación existe siempre cuando alguien que cometió un delito está suelto.

Hay otro elemento interesante de la ley: la intervención y la contención de la víctima. Muchas veces su involucramiento en el proceso genera el acuerdo necesario para darle tranquilidad. Si la víctima lo requiere, el agresor puede pedir disculpas y generar un contacto. Eso no se impone. Cuando se siente contenida por el sistema y ve que hay una actuación del Estado que le da garantías, encuentra una tranquilidad personal que también debemos atender.

Para el control del cumplimiento efectivo creamos oficinas judiciales que ya están funcionando. Antes ese trabajo estaba en los jueces de ejecución y ahora tenemos una oficina especializada. Ya hay una oficina que trabaja con los mayores. El seguimiento de las pulseras, que tenía el 911, hoy también lo tenemos en el Poder Judicial, en coordinación con el 911. Podemos visualizar la situación de las personas que tienen dispositivos.

También estamos proveyendo tecnología para las audiencias. Hoy trasladar a un preso desde un centro de detención a Ciudad Judicial requiere movilidad. Tenemos Zoom en los centros de detención, con el detenido, su defensor, el juez y el fiscal interviniendo en el mismo momento. No hay que trasladarlo y se resuelve en el momento. Las máquinas y la tecnología las estamos proveyendo desde el Poder Judicial, en colaboración con el Ejecutivo.

—Ya que abrió la puerta a otros temas y habló de la participación de las víctimas, eso también es importante en los abreviados. Estuve indagando si esos acuerdos afectan la cantidad de casos que llegan a juicio y, en los más graves, a juicio por jurados. A veces se acuerda una pena menor a la que podría corresponder. ¿Cuál es su visión?

—Es positiva. Es una alternativa que se usa desde hace muchísimo tiempo en los países más avanzados. El impulso punitivo de los fiscales es claro y eficiente. No veo que cedan fácilmente. Cuando llegan a un acuerdo, es un acuerdo.

Cuando el Estado entiende que hay una sanción suficiente, la defensa está de acuerdo y un juez realiza el control de legalidad de las dos partes, creo que el sistema se beneficia. Uno puede decir: “Alguien que hubiera tenido diez años hace un acuerdo por seis; me parece que no está correcto”. Pero el resultado del juicio dos años después también puede ser seis. O el juicio puede demorar y la Justicia no tener una definición.

El abreviado implica el reconocimiento de la culpabilidad, y eso no es poco. Puede haber un expediente parado por un delito menor, porque se priorizan las causas con presos, y no tener definición. Hoy los abreviados están haciendo que quienes cometen un delito tengan una sanción.

Discutir que sean dos o tres años menos es otro tema. Creo que en nuestro sistema los fiscales no ceden fácilmente. Muchas veces la víctima está presente y está de acuerdo con la indemnización y con la sanción. Si el abreviado significa detención, la persona queda detenida y cumple efectivamente una pena.

Pensemos en alguien a quien le robaron una rueda. Detienen al autor y sale al otro día porque el delito no implica la detención. La víctima se queda con la bronca y se pregunta: “¿Y la Justicia qué hizo?”.

Si en un abreviado reconoce el hecho, aunque no tenga detención, ya hay una condena. Normalmente, ese abreviado también significa reponer el daño. Esto hay que perfeccionarlo y aceitarlo, pero está funcionando.

Es mejor tener muchas condenas y efectividad en la sanción que causas paralizadas. Esa es una realidad que asumimos, porque sería muy malo que no nos diéramos cuenta de que muchas causas chicas que no llegan a una solución judicial terminan prescribiendo.

—Usted es un promotor de los juicios por jurados. ¿Qué evaluación hace de los casos que hubo hasta ahora? Tengo entendido que va a llegar otro de Orán, por un doble homicidio. ¿A qué aspira para Salta con este sistema?

—Hace muchos años veníamos creando conciencia ciudadana con simulacros para chicos de cuarto y quinto año, porque sabíamos que se venía el cumplimiento de la obligación constitucional de implementar el juicio por jurados. Había discusiones legislativas y cortes y tribunales que no estaban de acuerdo. En muchas jurisdicciones el impulso estaba trabado desde la misma Justicia.

Nosotros también tuvimos idas y vueltas, pero sabíamos que venía. Los chicos que capacitamos hace seis o siete años hoy pueden ser sorteados para integrar un jurado.

Creamos conciencia de que la justicia radica en el poder del pueblo. Al gobernador y a los legisladores los eligen directamente; a los jueces, no. Pero ese concepto de que la justicia está en poder del pueblo no hay que perderlo, y el juicio por jurados tiene eso.

Las experiencias fueron muy positivas. Frente a quienes decían que los salteños no estaban preparados, los jurados actuaron de manera muy eficiente y equilibrada. Hubo profesionales, amas de casa, monotributistas, hombres y mujeres de distintas condiciones sociales y económicas. Ya tenemos aceitadas las oficinas judiciales de jurados y seguimos capacitando y mostrando a la sociedad la herramienta que tiene.

Sabíamos que los delitos incluidos eran los que tenían pena perpetua y que, según nuestras estadísticas, no eran muchos. Eso nos permitía aceitar el sistema. El paso siguiente es avanzar sobre delitos también graves, pero no necesariamente con perpetua. Podemos ampliar en los próximos años el rango de tipos penales incluidos.

Eso requiere un cambio legislativo. Para ese momento debemos tener una sociedad más informada y poderes del Estado más preparados. Capacitamos permanentemente a los jueces, y la defensa también lo está haciendo. No es lo mismo una defensa frente a un jurado que frente a un juez técnico.

—La oralidad y los alegatos cambian radicalmente.

—Es muy parecido a lo que vemos en televisión, pero hay que prepararse. No es lo mismo un alegato ante un juez técnico, que es lo que estábamos acostumbrados a hacer. Yo ejercí 23 años la profesión y sabíamos cuáles eran los puntos técnicos.

Hoy hay 12 personas a las que tengo que convencer de la inocencia de mi cliente, en el caso de la defensa, o de la culpabilidad, en el caso de la acusación. Tengo que ser eficiente en la oratoria y, sobre todo, en la producción de la prueba. Los fiscales saben que no pueden acusar por cualquier cosa, sin elementos.

—Recién mencionaba que a los jueces no los elige la gente. En su caso, el mandato vence a fin de año. ¿Tuvo algún contacto con el gobernador? ¿Quiere seguir? ¿Cómo ve su futuro?

—El sistema institucional es ese. Salta es la única provincia argentina que tiene temporalidad de los mandatos. Las demás provincias tienen distintos regímenes. Yo nunca estuve de acuerdo con la perpetuidad; pensé que había que poner un límite, que podía ser etario o el de la jubilación.

Nuestro régimen establece la temporalidad y el gobernador tiene la posibilidad de nombrar nuevos jueces, como ya lo hizo hace poco. A medida que se vencen los mandatos, este gobernador y los que vengan tienen la posibilidad de renovar.

A mí se me vence a fin de año. No he tenido contacto; es una decisión del gobernador. Los tiempos institucionales son así, son las reglas del juego.