Cómo es el módulo de alto perfil de Villa Las Rosas donde quedó detenido “Conejo” Martínez
Carlos Alfredo “Conejo” Martínez quedó detenido en el Módulo de Gestión de Alto Perfil de Villa Las Rosas, un sector inaugurado el 16 de agosto para custodiar a internos que presentan riesgos particulares de violencia, corrupción, entorpecimiento de investigaciones o capacidad de mantener vínculos con actividades delictivas desde la cárcel.
El espacio cuenta con infraestructura adecuada para ese régimen, procedimientos diferenciados, tecnología, controles y personal especialmente capacitado, según informó la Provincia al ponerlo en funcionamiento. Su creación respondió al crecimiento de las capacidades económicas, tecnológicas y organizativas de las organizaciones criminales.
El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, ordenó el traslado de Martínez después de imputarlo este jueves como presunto jefe de una asociación ilícita con fines de lavado de activos de origen delictivo. Dispuso dos meses de prisión preventiva y seis meses de investigación.
Custodia diferenciada
El módulo incorpora criterios específicos para la gestión de internos de alto riesgo. La evaluación contempla características personales y circunstancias que podrían facilitar hechos de violencia, corrupción, interferencias en las causas judiciales o la continuidad de actividades delictivas desde el establecimiento.
La iniciativa incorpora experiencias y lineamientos internacionales sobre gestión penitenciaria de alto riesgo y crimen organizado, entre ellos los promovidos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También contempla condiciones para el tratamiento y la reinserción social.
Cupo provincial
En la audiencia del jueves, la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi explicó que el Servicio Penitenciario Federal no tenía cupo. Por eso consiguió una plaza en la Unidad Carcelaria 1 del Servicio Penitenciario provincial y solicitó que Martínez fuera alojado en el nuevo sector de alto perfil.
La representante fiscal fundamentó el pedido en las características del proceso y en la necesidad de evitar que permaneciera detenido en una comisaría o un escuadrón. Montoya aceptó el destino y ordenó su traslado inmediato.
El exintendente se había presentado el miércoles por la tarde en una comisaría de Orán. Permanecía prófugo desde el sábado, cuando Gendarmería Nacional realizó 32 allanamientos que dejaron once detenidos.
Habría usado la Municipalidad
Una de las principales acusaciones de la fiscalía es que la supuesta organización habría utilizado la Municipalidad de Aguas Blancas para disimular el ingreso y egreso de fondos provenientes del narcotráfico y el contrabando.
En la audiencia del martes, el fiscal general Eduardo Villalba sostuvo que Martínez habría destinado dinero en dólares a la compra de votos para acceder a la intendencia en 2023. Según la hipótesis fiscal, desde ese cargo habría ampliado una estructura que recurría a sociedades y contrataciones municipales como pantalla para dar apariencia legal a fondos ilícitos.
La acusación también señala que el grupo habría contado con protección de funcionarios de distintas fuerzas de seguridad. Villalba mencionó, además, resoluciones favorables del entonces juez de Orán Claudio Parisi, posteriormente destituido y cuyo juicio permanece pendiente.
De acuerdo con la fiscalía, las actividades investigadas continuaron después de la salida de Martínez de la intendencia, en septiembre de 2024.
Circuito financiero
Alberto Barbuto, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), describió tres etapas del presunto lavado: la colocación de fondos de origen delictivo, su circulación mediante cuentas y empresas y su posterior retorno al patrimonio de los acusados con apariencia legal.
Las contrataciones de servicios y la adquisición de bienes habrían servido para dar cobertura al dinero ingresado. La investigación sostiene que la estructura se apoyaba en integrantes de la familia de Martínez, personas con funciones contables y operadores logísticos.
Las evidencias mencionadas en las audiencias incluyen escuchas telefónicas, seguimientos y tareas de campo autorizadas judicialmente durante casi dos años. A esos elementos se suman 35 teléfonos celulares, otros dispositivos informáticos y documentación contable secuestrados en los allanamientos.
Riesgos procesales
Para disponer la preventiva, Montoya valoró la fuga anterior a la entrega, los vínculos de Martínez con Bolivia, sus conexiones políticas y sus antecedentes judiciales. También consideró su conocimiento de la zona fronteriza y las posibilidades de sustraerse del proceso.
La fiscalía sostuvo que el exintendente contó con información previa sobre los allanamientos. La presunta filtración está bajo investigación.
Durante la audiencia, el magistrado aclaró que la imputación se apoya en un grado de probabilidad y diferenció esa instancia de la certeza requerida para una condena.
Pedido domiciliario
La defensa, a cargo de Sergio Herrera, pidió que Martínez cumpliera la detención en el domicilio donde había permanecido durante una causa provincial anterior. Alegó problemas de salud e intervenciones quirúrgicas en la cabeza.
Montoya señaló que el certificado presentado tenía cuatro meses de antigüedad y no permitía establecer su estado actual. También observó que mencionaba una nueva operación sin aclarar si se había realizado.
El juez requirió documentación médica actualizada y autorizó la devolución de la historia clínica secuestrada. La fiscalía hizo referencia a documentación de la clínica donde Martínez había sido tratado que daba cuenta de una recuperación exitosa, según el parte oficial. Herrera anunció que impugnaría la medida.
Otros imputados
La investigación es impulsada por los fiscales generales Eduardo Villalba y Diego Velazco, de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA (Procunar NOA) y la Procelac. En la audiencia del jueves participaron Gamba Cremaschi, el fiscal coadyuvante Ezequiel Coscia y Barbuto. En la del martes también intervino el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier.
Los otros once imputados son Miguel Ángel Martínez y Jessica Elizabeth Martínez, hijos del exintendente; Nancy Mirta Cordero, su exmujer; Tamara Tapia, su actual pareja; Orlando Oris Lovera, Julián Manuel Barreiro, Dimas José Ruiz, Rafael Antonio Aragón Rodríguez, Emiliano Pascual Ollarzú, María Cristina Flores y Mauro Alberto Rojas.
Siete quedaron con prisión preventiva y cuatro en libertad con restricciones, entre ellas el control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y la prohibición de salir del país.
Condena anterior
Martínez había sido condenado en diciembre de 2025 a un año y dos meses de prisión efectiva y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. Cumplió la pena bajo prisión domiciliaria y, al momento de los allanamientos, esa sanción de prisión ya estaba cumplida.
El expediente estaba vinculado con la investigación del asesinato de su hermano, César “Oreja” Martínez, acribillado en 2023. En un juicio abreviado admitió haber compartido información confidencial, influido sobre testigos y eliminado datos de dispositivos para entorpecer las pesquisas.
Los imputados y sus vínculos con “Conejo” Martínez
- Carlos Alfredo “Conejo” Martínez: exintendente de Aguas Blancas, imputado como presunto jefe de la asociación ilícita con fines de lavado. Recibió dos meses de prisión preventiva y se ordenó su alojamiento en el sector de alto perfil de Villa Las Rosas.
- Miguel Ángel Martínez: hijo del exintendente, imputado como presunto miembro.
- Jessica Elizabeth Martínez: hija del exintendente, imputada como presunta miembro.
- Nancy Mirta Cordero: exmujer de Martínez, imputada como presunta miembro.
- Tamara Tapia: actual pareja del exintendente, imputada como presunta miembro.
- Orlando Oris Lovera: contador. La fiscalía le atribuye tareas para introducir fondos y bienes de origen ilícito en el circuito legal.
- Julián Manuel Barreiro: contador, con funciones similares atribuidas por la fiscalía. Quedó en libertad con restricciones.
- Dimas José “Oso” Ruiz: mencionado dentro del equipo con funciones contables atribuidas. También tiene pendiente un juicio provincial por el robo a Abra del Sol.
- Rafael Antonio Aragón Rodríguez: señalado como presunto operador logístico. Se investiga si utilizaba una carpintería como cobertura para préstamos bajo la modalidad “gota a gota”.
- Emiliano Pascual Ollarzú: mencionado como presunto integrante del grupo logístico.
- María Cristina Flores: imputada como presunta miembro e identificada por la defensa como hija de Martínez. Quedó en libertad con restricciones.
- Mauro Alberto Rojas: imputado como presunto miembro. Quedó en libertad con restricciones; su función específica no fue precisada en el material aportado.
