Malestar e interrogantes en el comercio de frontera
Las nuevas restricciones de la Aduana argentina al comercio fronterizo profundizaron la preocupación en Aguas Blancas y Salvador Mazza, donde comerciantes y autoridades locales advierten sobre una serie de contradicciones en las medidas adoptadas para controlar el intercambio de mercaderías con Bolivia.
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, cuestionó que las disposiciones nacionales se sumen a las limitaciones que ya aplicaban las autoridades bolivianas, en un contexto de caída de las ventas y dificultades para sostener la actividad comercial. Según explicó, las nuevas reglas restringen la comercialización de productos como azúcar y harina a envases de hasta 10 kilos y establecen un límite de compra de 150 dólares diarios.
Zigarán consideró razonable impedir la venta de combustible en bidones por razones de seguridad, pero cuestionó que esa decisión se acompañe de restricciones que alcanzan a otros rubros. También expresó preocupación por las limitaciones a las ventas al exterior de trigo, soja y maíz, productos relevantes para la actividad comercial de Salvador Mazza.
El interrogante central es qué se busca conseguir con estas medidas. Si el objetivo es combatir el contrabando, sostuvo el funcionario, debería distinguirse entre el comercio legal y el ingreso clandestino de mercaderías. A su entender, limitar las operaciones formales sin ofrecer alternativas puede terminar desplazando parte del intercambio hacia pasos ilegales, con menos posibilidades de control y sin el pago de los tributos correspondientes.
Ingresos
El impacto, advirtió, no se limitaría a los comerciantes. También podría alcanzar a los municipios y a la Provincia, que dejarían de percibir ingresos si se reduce la actividad formal. En ese sentido, planteó una contradicción entre las restricciones y la inversión provincial realizada para instalar controles destinados, precisamente, a ordenar el tránsito de mercaderías y facilitar la recaudación.
Las objeciones se extienden a la organización de los propios puestos aduaneros. Zigarán cuestionó que, después de trasladar los controles a un Área de Control Integrado, la Aduana haya vuelto a ocupar un puesto cercano al puente internacional, ubicado a poco más de un kilómetro. El cambio, realizado en menos de un año, reabrió dudas sobre los criterios utilizados para reorganizar los controles y sobre el aprovechamiento de la infraestructura disponible.
Advierten que las medidas adoptadas por el organismo nacional pueden desalentar las ventas legales, reducir la recaudación y favorecer el contrabando, lo que además se suman a las trabas de Bolivia.
La tensión también se explica por la asimetría que denuncian los comerciantes fronterizos. Del lado boliviano, señaló el interventor, existen límites a las compras, cantidades permitidas, horarios y restricciones por marcas. Ahora, las nuevas disposiciones argentinas agregan dificultades a quienes todavía intentan mantener sus negocios dentro de la legalidad.
Frente a este escenario, algunos comerciantes analizan manifestarse y otros evalúan recurrir a la Justicia.
Un doble discurso
Las medidas adoptadas por la Aduana argentina mantienen un clima de incertidumbre por la poca claridad de los objetivos. El debate excede así los límites de una resolución aduanera. La discusión de fondo es cómo controlar el contrabando sin desalentar el comercio formal, debilitar la recaudación y agravar la situación de localidades cuya economía depende, en buena medida, del intercambio con Bolivia.
Zigarán afirmó que ya puso la situación en conocimiento del gobernador Gustavo Sáenz y cuestionó la distancia entre el discurso nacional favorable al libre comercio y las restricciones que, según advierte, terminan afectando a las economías de frontera.
