Biglieri: “Falta cubrir más del 30% de los cargos vacantes en la Justicia”
¿Cómo le explicaría a un ciudadano común qué es el Consejo de la Magistratura y para qué quiere integrarlo?
Me estoy postulando para el Consejo de la Magistratura, que es un órgano que elige a los jueces federales y nacionales y participa en los mecanismos de control previstos para ellos. En provincias como Salta, que han tenido experiencias feas en ese sentido, esto es trascendente para la seguridad y la paz social, para la salud de sus hijos. La Justicia federal influye en todo eso. Si soy electo, voy a ser uno de los que analice a quienes van a ser jueces.
Es inevitable mencionar el caso de Raúl Reynoso. ¿Qué reflexión le deja?
Me parece que la gente a veces no percibe lo contundente que es la unanimidad de la Corte Suprema. La semana pasada, al rechazar la queja de Reynoso, la Corte fue contundente: los tres jueces dijeron que esto se terminó, que es cosa juzgada. Reynoso tendrá que purgar su pena. Para mí fue una tragedia que alguien a quien se le dio la confianza para ocupar un juzgado terminara siendo cómplice del narcotráfico y del contrabando. Espero que problemas de esa gravedad no se repitan. Hay otros casos: en este momento se está desarrollando un juicio político a uno de los jueces federales en Rosario y hubo otros episodios durante el año pasado. Pero la función del Consejo no se limita a intervenir ante casos de semejante gravedad. También hay situaciones en las que la Justicia actúa lentamente o no respeta normas que pueden parecer de menor importancia social, pero que son fundamentales para la vida cotidiana, como la ley de honorarios profesionales. En definitiva, todo eso hace que la Justicia no llegue a la sociedad.
¿Por qué considera que el Consejo de la Magistratura tiene una importancia particular para Salta?
Salta es una provincia muy especial porque tiene límites internacionales. Por eso, la Justicia federal tiene una incidencia muy importante en la vida cotidiana de los salteños. La frontera norte es una zona muy caliente en términos de los problemas que debe abordar la Justicia. Por eso estoy recorriendo el país y tomando contacto con los colegios de abogados, los profesionales y los dirigentes de las distintas provincias. La elección es federal y se realiza en todo el país. El Consejo está integrado por jueces, legisladores, académicos y representantes de la abogacía. Nosotros, los abogados, tenemos que mantener un contacto muy estrecho con la sociedad porque trabajamos directamente con sus problemas. Un abogado abre su estudio y recibe a la madre de un chico que tiene problemas de consumo, a una persona que enfrenta una causa o a alguien que necesita resolver un conflicto. Algunos asuntos corresponden a la Justicia provincial y otros a la federal, pero el abogado percibe esas dificultades de primera mano. Creo que puedo ser un buen representante para llevar esas preocupaciones al Consejo.
Uno de los problemas clave de la Justicia federal es la cantidad de vacantes. ¿Qué diagnóstico hace?
Es una crisis recurrente. Hace unos 15 días se aprobaron cerca de 170 pliegos y solamente cuatro correspondían a abogados del ejercicio profesional independiente. Ese es un tema que quiero discutir. Si tenemos aproximadamente mil cargos y había 500 vacantes, significa que había jueces con dos o tres juzgados a su cargo. No dan abasto para cumplir con uno; imaginemos lo que sucede cuando tienen que atender dos o tres. Las distancias geográficas también influyen. En Rosario, por ejemplo, con los dos jueces suspendidos, hubo que recurrir al de Venado Tuerto. Ese magistrado tenía que atender su juzgado y también intervenir en Rosario, con más de 200 kilómetros de distancia y una ruta muy congestionada de camiones. Parece un detalle menor, pero influye en los tiempos de la Justicia. Después pretendemos que el ciudadano tenga una respuesta rápida cuando reclama algo a través de su abogado. Así es muy difícil.
¿A qué atribuye semejante nivel de vacantes?
Hubo un cuello de botella durante la salida del gobierno de Mauricio Macri y a lo largo de la gestión de Alberto Fernández, cuando este último no logró ponerse de acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner para aprobar los pliegos en el Senado. El primer período de Javier Milei tampoco solucionó el problema. Recién ahora se está destrabando la situación, pero creo que todavía falta cubrir más del 30% de los cargos. Es muchísimo. Quiero destacar que el Consejo de la Magistratura había hecho bastante trabajo y tenía concursos aprobados desde 2018. No quiero entrar en la discusión de si quienes habían sido evaluados entonces siguen teniendo las mismas condiciones que hoy, pero lo cierto es que esos procesos quedaron demorados.
¿Qué propone para que el sistema de selección permita que más abogados del ejercicio privado lleguen a ser jueces?
Ese es uno de los ejes de nuestra propuesta. Encabezamos una lista plural que se llama Unidad en Defensa de la Abogacía. Creemos que defendiendo la abogacía se garantiza la independencia judicial. Cuando hablamos de controlar a los jueces ante situaciones vinculadas con el narcotráfico, no hay mucho que discutir: son hechos gravísimos. Pero también hay que controlar que se cumpla la ley de honorarios. Si un juez no respeta la legislación sobre honorarios, está afectando la posibilidad de que un ciudadano tenga una buena defensa. Si el abogado recibe una remuneración inadecuada, se perjudica el ejercicio profesional y, en última instancia, el derecho de la persona que necesita asistencia jurídica. No podemos pensar que la defensa pública va a resolver todos los problemas. Es un servicio que pagamos entre todos, pero también debemos garantizar que quienes necesitan un abogado puedan acceder a una defensa adecuada y que el trabajo profesional sea reconocido.
