Salta debate los desafíos de la nueva ley penal juvenil: comenzó el IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil

Con una amplia convocatoria de representantes del ámbito judicial, equipos interdisciplinarios, organismos públicos, especialistas y referentes de distintas provincias, comenzó este jueves en Salta el IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, que se desarrolla en el Centro de Convenciones bajo el eje “La especialidad como garante de la paz social”.

El encuentro es organizado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus), el Foro Penal Juvenil y la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta, con el auspicio del Gobierno provincial.

En diálogo con El Tribuno, Nadia Lorena Cruz, coordinadora del Foro Penal Juvenil y jueza en lo Penal Juvenil de Salta, destacó la convocatoria y remarcó que la respuesta frente a un adolescente que enfrenta un proceso por un presunto delito requiere de una intervención que exceda al ámbito estrictamente jurídico.

“Entendemos que la respuesta cuando hay un adolescente que enfrenta la comisión de un hecho delictivo involucra una respuesta interinstitucional”, señaló Cruz, quien consideró que la masiva participación en el Congreso demuestra el interés que existe tanto dentro de la comunidad jurídica como entre quienes integran equipos interdisciplinarios.

Según explicó, durante la mañana participaron 150 representantes de organizaciones interinstitucionales de todas las provincias, mientras que por la tarde el salón principal del Centro de Convenciones, con capacidad para unas 1.500 personas, se encontraba colmado. “Tenemos jueces penales juveniles, no solamente operadores del sistema, defensores, fiscales, sino también representantes de organismos internacionales y otras instituciones que son esenciales para pensar en una respuesta integral”, sostuvo.

Una mirada que busca superar lo estrictamente jurídico
Uno de los ejes destacados por Cruz fue precisamente la diversidad de especialistas que participan del Congreso. La agenda incluye representantes de organismos internacionales, UNICEF, Naciones Unidas, operadores judiciales y profesionales de distintas disciplinas.

La jueza explicó que esta diversidad responde a la necesidad de pensar una respuesta que no quede limitada al ámbito judicial. “Una respuesta no solamente es del área jurídica”, afirmó, al destacar la participación de representantes del Instituto Interamericano del Niño, UNICEF, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, además de operadores que trabajan directamente en territorio.

También destacó que los equipos interdisciplinarios que participaron de las actividades previas al Congreso presentarán sus conclusiones, un aporte que consideró fundamental para incorporar la experiencia concreta de quienes intervienen con adolescentes.

Durante esta primera jornada se abordaron los desafíos vinculados con la implementación de la nueva Ley 27.801 y el rol que deben asumir los distintos poderes judiciales.

El primer panel estuvo a cargo de las juezas y jueces Marcela De Langhe, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Juan Manuel Díaz, del Tribunal Superior de Justicia de Misiones.

La jornada también contempla la participación de especialistas vinculados con los enfoques restaurativos y las experiencias internacionales en materia de justicia penal juvenil.

El desafío de fortalecer la especialidad en Salta
Consultada sobre los principales desafíos que enfrenta actualmente la provincia, Cruz puso el foco en la necesidad de profundizar la especialización. “Los desafíos tienen que ver con lograr más especialidad en cada intervención”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que Salta cuenta con una característica particular: una oficina judicial especializada en materia penal juvenil, que permite que cuando un hecho es atribuido a un adolescente exista un espacio específico y una intervención diferenciada.

“Si uno quiere especialidad tiene que diseñar estructuras especializadas”, explicó la magistrada, quien consideró que la existencia de ese espacio constituye un diseño concreto de especialización dentro del proceso penal.

Pero además señaló como un desafío central el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios que acompañan a los adolescentes en territorio.

Según explicó, uno de los objetivos del sistema de justicia es evitar la reiteración de hechos delictivos y para eso resulta necesario mejorar la efectividad de las intervenciones.

Cruz también destacó el trabajo que viene realizando el Poder Judicial junto con las municipalidades y los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa. En este último caso, señaló que ambos organismos elaboraron un protocolo de intervención especializada para el tratamiento de adolescentes.

A esto se suman las mesas de trabajo realizadas con el Ministerio de Justicia para fortalecer los equipos interdisciplinarios.

La magistrada también remarcó que, a partir de una acordada dictada el mes pasado por la Corte de Justicia de Salta, los jueces especializados intervienen en el proceso y también en la etapa de ejecución. “Tenemos que tratar de buscar respuestas distintas”, planteó, y remarcó que se trata de un trabajo articulado porque la respuesta “no puede provenir únicamente del área jurídica”, sino que requiere una intervención interinstitucional.

La aplicación de la nueva ley y la realidad de las provincias
Respecto de la aplicación de la nueva normativa, Cruz confirmó que en Salta ya se presentaron algunos casos y aclaró que las realidades de las distintas provincias son diferentes, tanto por las características de la casuística como por las legislaciones vigentes.

En el caso de Salta, recordó que la legislación provincial es de 2018 y entró en vigencia en 2023, por lo que la provincia ya atravesó un período de implementación de su legislación procesal y comenzó desde entonces a adecuar sus estructuras. “Podemos decir que estamos trabajando en la especialidad desde ese momento”, explicó.

Sin embargo, sostuvo que la nueva ley también obliga a revisar determinados institutos y profundizar el trabajo de las mesas interinstitucionales.

Cruz también puso el foco en un dato que, según explicó, suele remarcarse desde el ámbito de la justicia especializada: la participación de adolescentes en hechos delictivos representa una proporción menor en comparación con el delito cometido por adultos.

Estimó que, como promedio general a nivel nacional, la intervención vinculada con adolescentes representa alrededor del 5% como máximo, aunque aclaró que se trata de una referencia general.

Para la magistrada, que la proporción sea baja no significa que el sistema no deba generar una respuesta específica. Por el contrario, consideró necesario desarrollar un trabajo serio con los adolescentes e incorporar especialmente el componente reparatorio y de justicia restaurativa.

Una primera jornada con participación federal
La primera jornada también permitió reunir a representantes de distintas áreas e instituciones. Cruz destacó que entre los asistentes no solo había abogados, sino también integrantes de equipos interdisciplinarios, representantes de instituciones, intendentes, diputados, integrantes de colegios profesionales, magistrados, psicólogos y representantes de universidades. “Nos encontramos como comunidad, hoy reunidos, y no solamente de Salta”, destacó.

La presencia de participantes de distintas provincias busca justamente generar un intercambio de experiencias y analizar distintas herramientas para mejorar las respuestas del sistema de justicia juvenil.

La primera jornada se extiende hasta las 19.30, con la conferencia final a cargo de Alejandro Morlachetti, representante de UNICEF Argentina, quien aborda los enfoques restaurativos y los estándares internacionales vinculados con el sistema penal juvenil.

Qué se viene este viernes
El Congreso continuará este viernes 2 de octubre desde las 9, con una agenda centrada en la aplicación de la nueva legislación, la especialización y las experiencias vinculadas con las respuestas frente al delito adolescente.

La apertura de la segunda jornada estará a cargo de la jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal Ángela Ester Ledesma, quien brindará una conferencia magistral titulada “Las deudas de la nueva ley penal juvenil”.

Cruz también anticipó la participación de Rodrigo Morabito, integrante del Foro Penal Juvenil, quien recientemente publicó doctrina especializada sobre la interpretación de la nueva legislación. La agenda incluirá además la participación de psicólogos, representantes y consultores de otros países que trabajaron en programas y experiencias vinculadas con el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal.

La jueza mencionó particularmente las experiencias relacionadas con la criminalidad adolescente y los tribunales de drogas, donde se desarrollan modelos de intervención diferentes de los que caracterizan a la justicia común y se busca abordar la complejidad de las situaciones que atraviesan los adolescentes.

La jornada de cierre tendrá por la tarde la conferencia magistral de Ignacio Mayoral Narros, del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), quien disertará sobre “Estándares sobre medidas socioeducativas”.

De esta manera, durante dos jornadas Salta se convierte en punto de encuentro para debatir la implementación del nuevo régimen penal juvenil, con una mirada que busca integrar la dimensión jurídica con el trabajo de equipos interdisciplinarios, organismos públicos y experiencias de otras jurisdicciones.

El desafío planteado durante el primer día quedó sintetizado en la necesidad de profundizar la especialidad, fortalecer las estructuras y equipos que intervienen con adolescentes y avanzar hacia respuestas articuladas que contemplen no solo el proceso judicial, sino también la prevención de nuevos hechos, la reparación y la reintegración social.