Definen cómo se cobrarán las deudas a las obras sociales
El Gobierno de Salta dio un paso para cambiar el sistema de recupero de los costos hospitalarios que deben afrontar las obras sociales. A través del Decreto 618/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, declaró de interés público la iniciativa presentada por Gestión Integral del Norte SRL, una empresa que propone hacerse cargo de la gestión de cobro de las prestaciones realizadas en los hospitales públicos a pacientes que cuentan con cobertura médica.
En diálogo con El Tribuno, el ministro de Salud, Federico Mangione, confirmó que la propuesta contempla una etapa de prueba de entre seis y ocho meses, durante la cual se evaluarán los resultados del nuevo mecanismo. La contratación definitiva deberá tramitarse mediante una licitación pública, tal como establece el decreto provincial.
La iniciativa presentada por Gestión Integral del Norte SRL propone implementar un sistema integral para optimizar la identificación de coberturas, facturación, gestión y recupero de los costos sanitarios. El proyecto recibió una evaluación favorable de la comisión conformada por el Ministerio de Salud Pública, que consideró razonable y viable la propuesta desde las perspectivas jurídica, técnica y económico-financiera. También contó con la intervención favorable de Fiscalía de Estado respecto de la declaración de interés público.
Mangione explicó que la decisión de avanzar con la participación de una empresa privada responde a las dificultades que enfrenta el Estado provincial para cobrar las prestaciones médicas realizadas a pacientes con cobertura. “Yo tenía ganas de poner alguna empresa que me comience a cobrar, porque estaba viendo que el Estado no estaba siendo eficiente en el cobro de esto”, sostuvo.
El ministro reveló una cifra que expone la magnitud del problema: actualmente, Salud Pública solamente consigue recuperar el 12% de lo que debería cobrar. Para dimensionar la situación, recordó que el año pasado había advertido sobre una estimación de $110.000 millones anuales que la Provincia estaba dejando de percibir por este concepto. “Solamente el Estado cobra el 12% de lo que se tendría que cobrar”, remarcó.
La preocupación también está vinculada con las dificultades presupuestarias que atraviesa el sistema sanitario. Mangione aseguró que los insumos continúan aumentando y cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional. “Sinceramente estoy preocupado, no tengo plata, no me ingresa plata, cada vez me están subiendo los insumos, Nación está mirando para otro lado. Yo tengo que buscar diferentes tipos de alternativas”, expresó.
El titular de la cartera sanitaria también detalló parte de las obligaciones pendientes que mantienen las obras sociales con los hospitales provinciales. Como ejemplo, mencionó el caso de Osprera que, según sus estimaciones, acumula una deuda cercana a los $20.000 millones con el sistema público salteño.
De ese monto, señaló que alrededor de $10.000 millones corresponden a prestaciones realizadas en el hospital San Bernardo y otros $2.000 millones al hospital Oñativia. También mencionó obligaciones pendientes con el hospital Papa Francisco. “Siempre financiamos nosotros, todo el mundo financiamos y nadie paga”, cuestionó el funcionario.
El ministro sostuvo que Salud Pública termina asumiendo los costos de las prestaciones que deberían afrontar las respectivas coberturas médicas y que, además de financiar esas atenciones, debe responder ante los reclamos de los pacientes.
Uno de los aspectos centrales del nuevo mecanismo será la remuneración de la empresa encargada de gestionar los cobros. Mangione aclaró que el porcentaje todavía no está definido, ya que deberá acordarse con la firma y los asesores del Ministerio de Salud Pública. En su momento, desde la cartera de Salud habían señalado que la comisión podría llegar al 10%.
La principal condición que busca establecer el Gobierno es que la firma cobre únicamente cuando consiga recuperar efectivamente el dinero adeudado. Mangione definió este modelo como un esquema de riesgo compartido: si la empresa obtiene resultados, percibe un porcentaje de lo recaudado; si no consigue cobrar, el Estado no deberá abonarle por esa gestión. “Vos me cobrás, yo te pago un porcentaje. No me cobrás, no te pago. Es así de sencillo”, sintetizó.
El ministro aseguró que anteriormente recibió distintas propuestas privadas que contemplaban pagos fijos mensuales, independientemente de los resultados obtenidos. Incluso mencionó una oferta que exigía $240 millones mensuales por el servicio de facturación, además de una comisión sobre lo efectivamente cobrado.
