2 octubre, 2026

Justicia juvenil: Naciones Unidas pone el foco en la prevención, la inclusión y la justicia restaurativa

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En el marco del IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, que se desarrolla hasta el viernes en el Centro de Convenciones de Salta, una de las miradas internacionales estuvo puesta en la experiencia de los países de la región y en los desafíos que plantea la implementación de sistemas especializados para adolescentes en conflicto con la ley penal.

María Catalina González Moreno, disertante e integrante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), llegó desde Colombia para participar del encuentro y dialogó con El Tribuno sobre las políticas de justicia juvenil, la prevención del delito, la participación de las familias y las experiencias de justicia restaurativa desarrolladas en otros países.

González Moreno explicó que desde Naciones Unidas acompañan a los Estados miembros de la región andina y el Cono Sur en la implementación de los estándares internacionales en materia de justicia juvenil. Si bien cada país cuenta con marcos normativos diferentes, señaló que existen principios comunes que deben orientar los sistemas.

Entre ellos mencionó la intervención mínima del sistema penal, la garantía de los derechos humanos y los mecanismos de justicia restaurativa.

El impacto de las estructuras criminales
Uno de los puntos abordados durante la entrevista fue la relación entre los adolescentes y determinados delitos vinculados con las drogas.

La especialista señaló que existe una realidad regional en la que adolescentes son captados por estructuras criminales, especialmente en países como Colombia, Ecuador y Perú. Según explicó, los delitos por los que ingresan mayoritariamente al sistema penal incluyen hurtos, robos y delitos relacionados con el tráfico y porte de estupefacientes.

Para González Moreno, estas situaciones también permiten advertir las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran muchos adolescentes.

“Son utilizados, son instrumentalizados y lastimosamente llegan a tener contacto con el sistema penal”, sostuvo.

En ese sentido, consideró necesario que los Estados puedan comprender las vulnerabilidades específicas de niños, niñas y adolescentes y que la respuesta no quede limitada al ámbito penal.

“Es importante que los Estados comprendan las vulnerabilidades de las poblaciones, de los niños, de las niñas, de los adolescentes y desde ahí se haga una intervención más estructural desde los sistemas de protección y no solamente el sistema penal”, explicó.

La implementación de la ley en Argentina
Consultada por la aplicación de la nueva legislación penal juvenil en Argentina, González Moreno señaló que, desde Naciones Unidas, el análisis parte del cumplimiento de los estándares internacionales.

En ese marco, consideró que la normativa argentina presenta aspectos vinculados con la justicia restaurativa que resultan relevantes, aunque advirtió que uno de los principales desafíos estará en su implementación concreta.

> “La ley se aproxima, tiene unas apuestas interesantes en materia de justicia restaurativa y el gran desafío será ponerlo en práctica”, afirmó.

Para ello, señaló que será necesario contar con jueces y fiscales especializados, capacidades institucionales y recursos suficientes, de manera que el sistema pueda garantizar el debido proceso y, al mismo tiempo, trabajar en la inclusión social de los adolescentes.

Infraestructura y especialización
La especialista también fue consultada sobre qué sucede cuando un adolescente es acusado de un delito grave y sobre las condiciones de alojamiento que debería contemplar el sistema.

Al respecto, planteó que la discusión debe abarcar tanto la infraestructura como la formación de quienes intervienen en estos procesos.

“Las capacidades institucionales y de política son fundamentales, desde la infraestructura, desde la especialidad que tienen los operadores de justicia y los operadores o profesionales que acompañan a los adolescentes”, indicó.

Según explicó, estas condiciones deben contemplarse independientemente del delito por el cual haya ingresado el adolescente al sistema. Para ella, además de determinar la responsabilidad por el hecho, resulta necesario analizar las circunstancias que llevaron al adolescente a esa situación.

“Lo que hay que atender son las necesidades que tienen los adolescentes y qué fue lo que llevó a que transitara y llegara a cometer un delito”, sostuvo.

En ese punto, introdujo una mirada que atraviesa buena parte de su exposición: la responsabilidad social en la prevención.

“Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad, porque somos todos responsables de que un menor de edad llegue a tocar el delito y a tocar estructuras criminales o organizaciones”, expresó.

Familia, escuela y comunidad, claves para prevenir
González Moreno remarcó que la intervención no debería comenzar cuando el adolescente ya ingresó al sistema penal. Para la especialista, la prevención requiere la participación de distintos actores y sistemas.

Mencionó especialmente la educación, la salud, las estructuras familiares y la comunidad, como espacios fundamentales para garantizar los derechos de los adolescentes y evitar que lleguen a escenarios delictivos.

“Ojalá llegáramos un poco antes de que los adolescentes toquen el sistema penal”, planteó.

Y agregó que, una vez producido el ingreso al sistema, tampoco debería perderse el vínculo con las redes primarias.

“Cuando ya toca el sistema penal, seguir reforzando la estructura familiar, el sistema educativo y no desconectar al adolescente de sus redes primarias, eso es fundamental”, señaló.

La experiencia de Colombia y la justicia restaurativa

Al referirse a experiencias de otros países, González Moreno destacó el desarrollo en Colombia de políticas públicas vinculadas con la justicia restaurativa.

Según explicó, existen programas que permiten ofrecer alternativas dentro del sistema penal frente a determinados delitos.

Entre los ejemplos mencionó los tribunales de drogas, destinados a situaciones en las que un adolescente presenta un consumo problemático de sustancias psicoactivas.

En esos casos, explicó que la respuesta no debería recaer exclusivamente en el sistema penal, sino que debe intervenir el sistema de salud.

“El sistema penal no tiene la capacidad para gestionar esa situación, es el sistema de salud”, afirmó.

El abordaje, según describió, incluye al adolescente, pero también contempla a la víctima y a la comunidad.

La especialista destacó que la víctima debe ser acompañada teniendo en cuenta las consecuencias psicológicas que puede generar un delito, mientras que la comunidad también forma parte del proceso de reconstrucción del tejido social afectado.

Neurodesarrollo y decisiones judiciales

Finalmente, González Moreno adelantó uno de los ejes centrales de su disertación en el Congreso: la comprensión de la adolescencia a partir de los aportes de la ciencia y los estudios sobre neurodesarrollo.

Explicó que desde Naciones Unidas se han desarrollado diferentes estudios académicos sobre esta etapa de la vida y sobre cómo los conocimientos científicos pueden aportar a la comprensión de las características propias de los adolescentes.

“Voy a abordar un poco la comprensión de la etapa de la adolescencia, de cómo desde Naciones Unidas, desde nuestra oficina, hemos hecho diferentes estudios académicos en el neurodesarrollo y cuáles son los aportes que trae la ciencia frente a la comprensión de la etapa de la adolescencia, y esto que implican las decisiones judiciales”, explicó.

De esta manera, su exposición propone vincular los conocimientos sobre el desarrollo adolescente con la manera en que los sistemas de justicia intervienen ante jóvenes en conflicto con la ley penal.

El IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil se desarrolla bajo el eje “La especialidad como garante de la paz social”. El encuentro es organizado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus), el Foro Penal Juvenil y la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta, con el auspicio del Gobierno provincial.