Mayoral Narros: “Las medidas socioeducativas deben ayudar a los jóvenes a construir una vida fuera del delito”

En el Centro de Convenciones de Salta se desarrolla el IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, un encuentro que reúne a especialistas para analizar los desafíos que plantea la nueva Ley Penal Juvenil y el principio de especialidad en el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal.

En diálogo con El Tribuno, Ignacio Mayoral Narros, integrante del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), explicó los principales ejes de la disertación que brindará en el marco del encuentro, titulada “Estándares sobre medidas socioeducativas”.

“Creo que estamos en un congreso histórico. Es un momento crucial en Argentina para poder conversar y reflexionar sobre la nueva Ley Penal Juvenil”, señaló.

Su exposición estará enfocada particularmente en la etapa de ejecución de las medidas socioeducativas, es decir, en la manera en que se aplican las sanciones a adolescentes que cometieron una infracción penal.

La dimensión socioeducativa por sobre el castigo
Mayoral Narros sostuvo que uno de los principales aspectos a debatir es el sentido que deben tener estas medidas. Según explicó, los estándares internacionales establecen que el componente socioeducativo debe ocupar un lugar central.

“La idea es que podamos destacar cómo estas medidas deben predominar, esa dimensión socioeducativa, frente a lo que la gente suele considerar que tiene que ser más sancionador, más punitivo”, indicó.

En ese sentido, vinculó esta perspectiva con la Convención sobre los Derechos del Niño, los estándares internacionales y la nueva legislación penal juvenil. El objetivo, explicó, es que el adolescente pueda transitar una etapa que le permita alejarse de futuras conductas delictivas.

“Si no hay dudas, la orientación primordial es que estos chavales, con ese trasfondo socioeducativo, puedan encontrar una nueva etapa en su vida fuera del delito”, expresó.

Para el especialista, las medidas no deberían limitarse a la imposición de una sanción, sino que también deberían generar oportunidades concretas a través de la educación, el trabajo y la formación.

“Esos jóvenes, esos chicos, en algún momento de su vida, por diferentes razones han cometido un delito y ahora tienen la posibilidad, a través de esas sanciones, no solamente de experimentar una sanción penal o un castigo, sino, todo lo contrario, poder encontrar vías a través de la educación, el trabajo, la formación, que les ayuden a tener un futuro mejor”, explicó.

Qué ocurre frente a delitos graves
Uno de los interrogantes planteados durante la entrevista estuvo relacionado con los casos de delitos graves, como aquellos contra la vida o de carácter sexual, y con la posibilidad de que estos hechos impliquen medidas más severas.

Al respecto, Mayoral Narros remarcó que los estándares internacionales plantean que el sistema debe considerar especialmente las características y circunstancias del adolescente, además de la infracción cometida.

“Siempre en los estándares internacionales predomina que atendamos a la persona, al menor de edad como tal, y no tanto a la infracción penal cometida”, sostuvo.

En esa línea, destacó la importancia de la especialización dentro del sistema penal juvenil, tanto durante el proceso como en la etapa de ejecución de las sanciones.

“El sistema penal juvenil y el propio título del Congreso habla de la especialidad como garante de la paz social”, señaló.

Según explicó, esa especialidad implica que el juez penal juvenil debe analizar especialmente las condiciones en las que ocurrió el delito y las circunstancias particulares del adolescente.

Esto, aclaró, no significa desconocer la gravedad de determinados hechos. En los casos de delitos contra la vida o de carácter sexual, señaló que también pueden existir programas específicos destinados a abordar esas situaciones.

“Van a ayudar a que el joven recapacite, reflexione y pueda incluso reconocer el daño causado y querer reconducir su vida”, afirmó.

El desafío de contar con recursos y profesionales especializados
Consultado sobre los principales obstáculos para llevar adelante los objetivos planteados por la legislación, Mayoral-Narros puso el foco en un aspecto concreto: los recursos disponibles para implementar las políticas de justicia juvenil.

“Desde mi punto de vista y por la experiencia que tengo en el ámbito de justicia juvenil a nivel internacional, el gran vacío, el gran gap, sin duda, son los recursos para poder poner en marcha las leyes”, manifestó.

En ese sentido, consideró que tanto en el ámbito internacional como en el regional latinoamericano existen marcos normativos que incorporan estándares vinculados con la Convención de Naciones Unidas, pero que su aplicación efectiva requiere de estructuras y recursos suficientes.

“Son leyes avanzadas conforme a la Convención de Naciones Unidas, pero que, sin duda, requieren de más recursos y de profesionales especializados”, afirmó.

Para el especialista, contar con equipos capacitados es fundamental para que las medidas no queden reducidas a una sanción formal y puedan desarrollar efectivamente su dimensión socioeducativa.

“Necesitamos profesionales especializados que nos permitan dar ese contenido socioeducativo, para que esos jóvenes tengan otra vida mejor”, concluyó.

La mirada planteada por Mayoral-Narros se suma así a uno de los debates centrales del congreso: cómo lograr que la aplicación de la nueva legislación penal juvenil combine la respuesta frente a las infracciones cometidas con medidas especializadas orientadas a la educación, la formación y la construcción de proyectos de vida alejados del delito.