Accedieron a probation por la muerte de una niña

Una médica pediatra y un enfermero acusados de homicidio culposo por mala praxis en la muerte de una niña de dos años accedieron a la suspensión del juicio a prueba por tres años. Durante ese período deberán cumplir una serie de obligaciones, entre ellas abstenerse de realizar prácticas médicas en hospitales públicos y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia.

La decisión fue adoptada por el juez Francisco Mascarello, vocal del Colegio de Jueces del distrito Centro, quien consideró reunidos los requisitos para conceder el beneficio. La resolución establece que, si los acusados incumplen las condiciones impuestas, la suspensión podrá revocarse y se llevará adelante el juicio.

El caso se remonta a marzo de 2020, cuando la niña ingresó al Hospital Materno Infantil con un cuadro de vómitos y diarrea. Según la acusación fiscal, la pediatra habría indicado un tratamiento con potasio mediante una prescripción errónea y confusa.

Al enfermero se le atribuye haber cumplido esa indicación sin advertir su incorrección, aclarar la confusión o consultar con los médicos de planta. Ambos fueron acusados de homicidio culposo por mala praxis a raíz del fallecimiento de la paciente.

Como parte de la suspensión del juicio a prueba, los acusados ofrecieron una reparación del daño a la madre de la niña. La propuesta consiste en el pago de 45 millones de pesos a cargo de la médica y de otros 2 millones a cargo del enfermero.

El ofrecimiento fue aceptado por la damnificada y así lo tuvo por presentado el juez. Los dos profesionales se comprometieron a cumplir con esa reparación, además de las reglas de conducta fijadas para los tres años de probation.

La resolución también les exige fijar residencia y someterse al cuidado de la Oficina Judicial. A esas condiciones se suma la obligación de realizar los estudios y las prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional.

Durante el plazo establecido, ambos deberán abstenerse de realizar prácticas médicas en hospitales públicos y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud provincial. La restricción integra las condiciones expresamente impuestas por el magistrado para mantener el beneficio.