Alarma por las adicciones en chicos desde los 8 años de edad

Mientras las autoridades provinciales reconocen la gravedad del escenario, comunidades originarias del norte salteño denuncian consumos de alcohol etílico e inhalación de combustibles entre niños y adolescentes. La problemática adquiere distintas características según la región y convive con pobreza, violencia familiar, dificultades para acceder a tratamientos y la expansión del narcotráfico. La falta de estadísticas integrales impide dimensionar el verdadero alcance de esta problemática y evaluar el resultado de las políticas de prevención.

Es así que los consumos problemáticos se han convertido en uno de los desafíos sanitarios y sociales más complejos de Salta. Detrás de las estadísticas policiales por delitos y crímenes que se cometen bajo el efecto de sustancias, los reclamos comunitarios y las intervenciones estatales, aparece una realidad que atraviesa a numerosas familias y resulta especialmente preocupante cuando involucra a niños y adolescentes.

El escenario presenta contrastes. En barrios urbanos se registra una importante presencia de alcohol, pasta base y marihuana. En comunidades originarias del norte preocupan el consumo de alcohol etílico y la inhalación de combustibles, mientras que otras localidades del interior enfrentan problemas vinculados con el abuso de alcohol, los policonsumos y las dificultades de acceso a profesionales especializados. Salta todavía carece de estadísticas integrales que permitan establecer cuántas personas atraviesan consumos problemáticos, sus edades de inicio, la distribución territorial y los resultados de los tratamientos.

Consumos en el Norte

Una de las situaciones más graves se registra en comunidades originarias de Rivadavia Banda Norte y Santa Victoria Este, donde familias y referentes wichí denuncian consumos entre menores de edad en contextos atravesados por pobreza, desempleo, dificultades alimentarias y escasez de oportunidades. Entre los fenómenos denunciados aparece la inhalación de nafta por parte de niños, una práctica que puede provocar intoxicaciones graves, daños neurológicos e incluso la muerte. Referentes comunitarios relataron casos de menores que recurrirían a combustibles para mitigar la sensación de hambre, testimonios que requieren relevamientos sanitarios específicos.

También preocupa el consumo de alcohol etílico comercializado para usos domésticos o sanitarios. Su precio y facilidad de acceso aparecen entre los factores señalados por las comunidades. En Coronel Juan Solá, Morillo, y en Santa Victoria Este, su venta fue prohibida a menores y el incumplimiento es multado con altos montos. Ocurre que menores de edad llegaron a asaltar centros de salud para robar las botellas de alcohol. En Morillo, el gerente del hospital local, Adrián Cardozo, informó durante un encuentro comunitario, que el área operativa cuenta con aproximadamente 2.500 menores de 18 años y que se habían registrado episodios de consumo de alcohol en niños de entre 8 y 10 años.

Cardozo también advirtió sobre adolescentes que no terminan la secundaria, una situación que profundiza la preocupación por la vulnerabilidad social, aunque no puede atribuirse automáticamente al consumo de sustancias. Durante el encuentro, caciques y referentes originarios reclamaron intervenciones que incluyan a las familias y las instituciones comunitarias. “Queremos trabajar para sacar a nuestros niños del pozo”, expresaron.

El secretario provincial de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, reconoció que las respuestas exigen continuidad y articulación institucional. “No hay soluciones mágicas y nada se logra de manera inmediata”, sostuvo, al destacar la necesidad de trabajar con las comunidades, las escuelas, las familias y los organismos de salud, seguridad y desarrollo social.

Consumos por región

Los consumos problemáticos presentan particularidades territoriales que impiden abordarlos mediante una estrategia uniforme. En Orán y San Martín, la ubicación fronteriza constituye un factor relevante por la circulación y comercialización ilegal de drogas. En localidades como Orán, Tartagal, Salvador Mazza y Aguas Blancas, la pasta base aparece entre las sustancias que generan mayor preocupación en sectores vulnerables. También existen advertencias sobre posibles inicios de consumo entre los 10 y 12 años. En el sur provincial y el departamento Anta, localidades como Joaquín V. González, Metán y Rosario de la Frontera registran preocupaciones vinculadas con el abuso de alcohol, que puede coexistir con otras sustancias. En los Valles Calchaquíes, particularmente Cafayate y Cachi, los reportes mencionan consumos combinados de alcohol, marihuana y psicofármacos.

Crímenes ligados a consumos problemáticos

Los consumos problemáticos también aparecen mencionados en investigaciones judiciales sobre violencia intrafamiliar. Sin embargo, su posible presencia no permite establecer automáticamente una relación causal con los delitos ni reemplaza el análisis de las responsabilidades individuales.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 19 de octubre de 2026, terminando las celebraciones del Día de la Madre, en el barrio Facundo Quiroga de Joaquín V. González, donde una mujer de 38 años murió tras ser agredida dentro de una vivienda. Por el hecho fue detenido su hijo, de 21 años. La investigación quedó a cargo de la fiscal penal María Celeste García Pisacic.

El informe preliminar de autopsia determinó que la víctima falleció por un traumatismo encéfalo craneano grave. Entre las versiones posteriores se mencionó una discusión por dinero y la posibilidad de que el sospechoso estuviera bajo efectos del alcohol. Ambas circunstancias deben considerarse hipótesis hasta su confirmación judicial. Según la información oficial, continuaban las diligencias para esclarecer el crimen.

Nieto y abuela

Otro antecedente de gran repercusión fue el asesinato de María Leonor Giné, conocida como Tita, ocurrido en marzo de 2020 en la ciudad de Salta. La mujer, de 70 años, fue hallada muerta en su departamento de Belgrano al 900, con más de treinta heridas de arma blanca. Por el homicidio fue condenado su nieto, Agustín Morales, quien recibió inicialmente una pena de 19 años de prisión en 2021. La investigación vinculó el crimen con conflictos por dinero y un móvil de robo. En julio de 2023, la Sala I del Tribunal de Impugnación informó la imposición de prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo y criminis causa. En esa resolución, el juez Luciano Martini sostuvo que “la adicción a sustancia estupefaciente del sujeto activo no constituye una circunstancia extraordinaria de atenuación por sí misma”, vinculando al condenado con el consumo problemático.

Ambos casos muestran la necesidad de distinguir los problemas de consumo de las conductas violentas y reforzar los mecanismos de detección y protección frente a conflictos, amenazas y agresiones dentro del ámbito familiar.