17 noviembre, 2026

ARCA clausuró depósitos aduaneros y paralizó el comercio exterior en Salta

Una vez más la política de controles aduaneros que impulsa el Gobierno nacional encendió señales de alarma en las provincias del norte. En Salta, las decisiones adoptadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección General de Aduanas dejaron en vista las consecuencias que pueden tener las disposiciones administrativas cuando se aplican en regiones con base en el comercio internacional y la actividad fronteriza.

Uno episodio controvertido ocurrió a fines de agosto, cuando inspectores enviados desde la estructura nacional de Aduana llegaron a Salta y dispusieron la clausura simultánea de COZOFRA y COCEL, los dos únicos operadores de depósitos fiscales aduaneros que funcionan en la provincia. La medida paralizó durante semanas -y con consecuencias hasta la actualidad- las operaciones locales de importación y exportación y obligó a empresas y operadores comerciales a trasladar sus movimientos a Palpalá, en Jujuy.

El impacto económico fue considerable. Aunque las fuentes consultadas por El Tribuno no pudieron precisar el monto de las pérdidas, estimaron que el perjuicio alcanzó varios millones de dólares, tanto por las mercaderías que quedaron imposibilitadas de ingresar o salir del país como por los costos adicionales de logística y transporte que debieron afrontar los operadores.

El problema, además, no quedó completamente resuelto con el levantamiento de las clausuras. Varias semanas después de aquel episodio, uno de los establecimientos todavía funciona bajo restricciones que complican el ingreso y la salida de productos desde y hacia el exterior. De esta manera, una provincia con triple frontera que necesita de su infraestructura aduanera para sostener sus vínculos comerciales, continúa enfrentando dificultades operativas.

Estructuras estratégicas

Los depósitos fiscales aduaneros son instalaciones operadas por empresas privadas que prestan servicios vinculados con el control del comercio exterior. Allí se almacena la mercadería que ingresa o sale del país mientras se completan las declaraciones, verificaciones y demás procedimientos de la normativa aduanera.

En Salta, estas instalaciones tienen una importancia estratégica adicional. A diferencia de otras jurisdicciones, la provincia no cuenta con infraestructura equivalente en sus principales pasos fronterizos para desarrollar todas estas operaciones. Por eso, buena parte de los procedimientos aduaneros son bajo una modalidad “mediterránea”, con los depósitos fiscales como puntos centrales para el movimiento de mercaderías.

COZOFRA funciona en General Güemes y tiene más de dos décadas de trayectoria en la provincia. COCEL, ubicada en la ciudad de Salta, es una empresa de incorporación más reciente, con aproximadamente dos años de actividad. Ambas constituyen las únicas alternativas locales para este tipo de servicios.

Su clausura simultánea dejó a la actividad exportadora e importadora sin infraestructura operativa en el territorio provincial. Durante el período de paralización, las operaciones debieron canalizarse a través de Palpalá, en Jujuy, con el consiguiente incremento de costos de traslado y de los tiempos necesarios para completar los procedimientos.

En el comercio exterior, esos gastos tienen una incidencia particular porque buena parte de los servicios logísticos se cotizan en dólares. La necesidad de trasladar mercadería, reorganizar circuitos y cumplir los trámites aduaneros fuera de Salta agregó una carga económica a empresas que ya debían afrontar las dificultades propias de la actividad.

Las razones que llevaron a los inspectores nacionales a disponer las clausuras tampoco quedaron suficientemente esclarecidas para los sectores afectados. Este tipo de establecimientos debe cumplir exigencias técnicas y operativas estrictas para mantener su habilitación, entre ellas la disponibilidad de escáneres específicos, equipamiento informático, sistemas de gestión aduanera y predios con características determinadas. Sin embargo, las explicaciones sobre las irregularidades detectadas y la proporcionalidad de las medidas adoptadas no despejaron los interrogantes que dejó el procedimiento.

Pedido en el Congreso

El episodio forma parte de los cuestionamientos que ahora llegaron a la Cámara de Diputados de la Nación. El diputado salteño Pablo Outes presentó el proyecto de resolución 6186-D-2026, mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre distintas decisiones de ARCA y de la Dirección General de Aduanas que, según los fundamentos de la iniciativa, afectaron el funcionamiento del comercio exterior y la integración fronteriza en Salta y Jujuy.

El legislador pone especial atención en las clausuras simultáneas de COZOFRA y COCEL, por tratarse de los únicos operadores de depósitos fiscales de la provincia. En su planteo advierte sobre la paralización de las operaciones de importación y exportación, los mayores costos logísticos y las dificultades que debieron afrontar empresas vinculadas con la minería, la industria y las economías regionales.

El pedido de informes también apunta a conocer cuáles fueron los fundamentos técnicos y administrativos de las clausuras, qué evaluaciones se realizaron sobre sus consecuencias económicas y qué medidas se adoptaron para garantizar la continuidad de las operaciones.

La discusión excede, por lo tanto, el cumplimiento de las exigencias que deben reunir los establecimientos habilitados. El interrogante es cómo se planificaron los controles y si se contemplaron alternativas para evitar que una intervención administrativa dejara sin servicio a toda una provincia.