Denuncian préstamos con tasas de interés de hasta el 733% anual

Una asociación de consumidores presentó ante la Justicia salteña una demanda colectiva que incluye una cautelar para suspender todos los embargos de sueldo promovidos por una cadena de electrodomésticos con sede en Rafaela (Santa Fe), para la que se pidió una fuerte multa civil. Los números surgen de los propios documentos que la empresa aportó al fisco provincial.

Según la acción de consumo colectiva de Protectora, que se tramita en el Juzgado en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación, la firma habría otorgado más de 700 préstamos a trabajadores -en su mayoría empleados del Estado provincial de la ciudad de Salta- con tasas de interés de hasta 733% anual. “Más de cinco veces la tasa máxima del Banco Central para operaciones similares”, remarcó la citada asociación civil de defensa del consumidor. De acuerdo con la denuncia, la empresa santafesina estaría ejecutando judicialmente esas deudas mediante embargos directos sobre los salarios de sus deudores.

“Así surge de la documentación que la propia empresa, Bazar Avenida, presentó ante la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta en sus declaraciones juradas del Impuesto de Sellos”, indica la demanda, y precisa que esa documentación está aportada en los expedientes judiciales que se tramitan ante los Juzgados de Procesos Ejecutivos de la ciudad de Salta.

Protectora, entidad representada por el abogado Daniel Paganetti, pidió la nulidad de esos contratos, la suspensión inmediata de todos los procesos ejecutivos en trámite y una multa civil de cerca de $1.000 millones. En la causa colectiva ya tomó vista la Procuración General de la Provincia.

En la demanda hay citados dos casos testigos. Uno de ellos tiene como afectado a José O. C., empleado de la Provincia, que recibió un préstamo de $450.000 y firmó un pagaré por $2.395.035 —más de cinco veces el capital recibido— con una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 733,50%. Sobre sus haberes pesa hoy un embargo.

El otro caso testigo tiene como afectada a Socorro F. C., también empleada provincial. Según la demanda, uno de sus dos préstamos fue de $248.000, y el pagaré que firmó es por $1.319.930,40, es decir cinco veces y media lo que recibió, con una TEA del 710,02%. En ese expediente ya habría una sentencia de remate, aunque todavía no fue notificada.

Protectora afirmó en la demanda que los propios documentos de la empresa revelan la escala del problema. “Lo que convierte a estos casos testigos en algo más que dos historias individuales son las declaraciones juradas que la firma demandada presentó ante la DGR como agente de retención del Impuesto de Sellos”, sostiene la acción colectiva.

De acuerdo con la presentación judicial, en esos documentos, la empresa declaró 357 operaciones de préstamo en mayo de 2024 y 364 en junio del mismo año. El total de percepciones declaradas superó los $8,9 millones solo en esos dos meses. Los nombres y documentos de los deudores figuran en las planillas: son en su mayoría empleados provinciales de la ciudad de Salta. La demanda colectiva se funda en el precedente “Halabi” de la Corte Suprema de la Nación (2009), que habilitó en Argentina las demandas colectivas cuando un mismo hecho afecta a una pluralidad de personas en idéntica situación. El argumento centra es que “todos los préstamos de Bazar Avenida responden a una misma plantilla contractual con los mismos elementos abusivos”.

En la demanda Protectora pidió que se declaren nulas las cláusulas de intereses de todos los contratos de la empresa en Salta. También solicitó que suspendan, como medida cautelar innovativa urgente, todos los procesos ejecutivos implicados.

La entidad civil también pidió que se suspendan los descuentos de sueldo de los empleados afectados mientras dure el proceso. Reclamó, además, que la demandada pague daños punitivos

Curso penal

En el quinto punto, Protectora pidió que el Juzgado civil informe al fiscal penal de turno de la demanda, porque la ley argentina tipifica la usura como delito con penas de hasta seis años de prisión cuando es ejercida en forma profesional.

“Son tasas ilegales”

“La empresa diseñó el producto para que el trabajador no pueda defenderse en el juicio ejecutivo. El pagaré preconstituido bloquea las defensas causales. Es un mecanismo legal, pero con tasas ilegales”, sostuvo el abogado Daniel Paganetti, en referencia a la cadena de electrodomésticos, con sede en la ciudad santafesina de Rafaela, que prestó dinero a un significativo número de empleados de la Provincia con tasas de hasta el 733%, según la acción colectiva que promovió Protectora. “No necesitamos investigar quiénes son los afectados, ya que la propia empresa demandada, Bazar Avenida, los identificó en su declaración jurada ante el fisco provincial. Son más de 700 salteños en solo dos meses”, acotó Paganetti.