Justicia muy lenta: casos de usurpación de hasta 15 años
En Salta, recuperar una propiedad ocupada puede demandar años de litigio, gastos y una insistencia que los damnificados deben sostener sin saber cuándo llegará una solución. Hay conflictos que superan los 15 años y órdenes de desalojo que tardaron más de una década en ejecutarse. Mientras tanto, quien reclama sigue sin disponer de su inmueble y debe pagar para defender un derecho que, en algunos casos, la propia Justicia ya le reconoció.
El problema aparece en distintos puntos de la provincia. En Cachi, una demanda iniciada en 2010 tuvo una sentencia de desalojo en 2013, pero la medida recién se ejecutó en junio de 2026. En Cafayate, una fuente vinculada a otro conflicto asegura que una familia lleva más de 15 años sin recuperar un terreno pese a contar con resoluciones judiciales favorables. En Embarcación y La Silleta, abogados cuestionan los tiempos de expedientes que mantienen paralizados bienes y proyectos. Desde el sector rural también advierten sobre situaciones en Anta y las dificultades para conseguir la restitución de terrenos.
Los antecedentes son diferentes. Hay ocupaciones ilegales, disputas con personas que ingresaron mediante un acuerdo previo y casos en los que se invocan falsos derechos comunitarios, amparados por la Ley de emergencia territorial indígena 26.160, que fue derogada por el gobierno libertario en 2024, pero aún se padecen sus perjuicios.
Los duros cuestionamientos apuntan a la Justicia y al Ejecutivo. Los abogados describen actuaciones lentas y procedimientos cuya anunciada rapidez no se cumple. Además hay casos de acompañamiento político a las ocupaciones.
Una sentencia que tardó 13 años
El caso de la finca Las Pailas, en el paraje San Gabriel de Cachi, muestra que conseguir una sentencia favorable puede ser apenas una etapa de un recorrido mucho más largo. La familia Wayar inició en 2010 una demanda civil contra Agustín Mamaní por una fracción del inmueble. En 2013, la Justicia ordenó el desalojo y la Cámara confirmó la resolución. La medida se ejecutó el 12 de junio de 2026.
El operativo tampoco cerró todas las controversias. La jueza María Fernanda Diez Barrantes rechazó un pedido de nulidad, pero ordenó restituir a cuatro comuneros sectores que no estaban comprendidos en la orden original. La sentencia alcanzaba cuatro hectáreas, aunque el procedimiento se extendió sobre una superficie mayor.
La Justicia debía garantizar que la decisión se ejecutara y que el operativo respetara lo ordenado. La demora perjudica a quien obtuvo una resolución favorable; una ejecución que excede sus límites afecta a terceros y abre nuevos reclamos.
Un proyecto hotelero frustrado
En Cafayate, otra historia incorpora el costo de un proyecto que no pudo desarrollarse. Allí una familia de esa localidad compró un terreno en la zona del Divisadero para construir un hotel. El propietario había vendido un corralón para financiar el emprendimiento. Pero el desarrollo fue tremendo: personas ocuparon el predio. El comienzo del conflicto en 2010 y la familia continúa sin recuperar el inmueble.
Los propietarios obtuvieron decisiones favorables en primera y segunda instancia, pero la restitución quedó suspendida después de una intervención administrativa relacionada con un planteo de “supuestos” derechos indígenas.
Entonces ahí falló de fondo el “Estado de Derecho”. Una familia tiene títulos de propiedad y resoluciones favorables sin conseguir la restitución. El proyecto hotelero quedó frustrado y el conflicto lleva más de 15 años. Hasta una resolución del Inadi logró poner piedas en el camino judicial.
El impacto en las propiedades rurales
La preocupación también aparece en el sector del campo, desde donde describen situaciones en Anta vinculadas con el ingreso de personas a terrenos y las dificultades posteriores para recuperar las propiedades.
Una fuente de la actividad manifestó inquietud por quienes se instalan en inmuebles y a los que definió como intrusos. Advirtió que conseguir su retiro demanda procedimientos largos, tiempo y recursos, y consideró que esas demoras ponen en riesgo la seguridad jurídica. El perjuicio no se limita a los gastos judiciales. Una venta, una inversión o un proyecto productivo pueden quedar detenidos por un conflicto cuya duración se desconoce. El propietario conserva sus documentos, pero no puede avanzar con lo que había previsto hacer en el inmueble.
Reclama su vivienda y la amenazan
En Orán, Claudia Calisaya intenta recuperar la casa que entregó en alquiler en 2022 para mudarse con su madre enferma y cuidarla. El inmueble está ubicado en el barrio Patrón Costas. El contrato, firmado el 3 de marzo de aquel año por tres años, venció el 2 de marzo de 2025.
Según denunció, la mujer que alquilaba la vivienda y sus tres hijos adultos se negaron a devolverla. La propietaria también denunció incumplimientos en el pago del alquiler, una deuda de electricidad y daños en la casa.
La disputa también incluyó amenazas
A la disputa por la restitución se sumaron denuncias por amenazas. El Tribuno informó que las últimas tres presentaciones policiales fueron realizadas el 6, el 20 y el 24 de julio. En una de ellas, Calisaya sostuvo que recibió la advertencia: “Sacá la publicación de Facebook o te vamos a quemar el auto, atente a las consecuencias”.
El 4 de noviembre, este diario informó que las partes habían sido citadas a una audiencia para el martes 10 por la denuncia de amenazas. Calisaya contó entonces que los ocupantes la llamaron después de recibir la notificación y le ofrecieron dinero para que retirara la denuncia. Según su relato, le dijeron que, si no aceptaba, irían a juicio y el proceso sería largo.
No se cuenta aquí con información sobre el resultado de esa audiencia ni sobre una eventual restitución de la casa. El planteo de la propietaria, al momento de aquella publicación, era directo: “Necesito que me la devuelvan ya. ¿Qué le pasa a la Justicia?”.

