Mucho ruido para una prioridad que no es la de los vecinos
El Concejo Deliberante de Salta aprobó una ordenanza que declara al espacio aéreo sobre el ejido municipal como “Ambiente Sonoro Protegido” y prohíbe las emisiones sonoras con fines publicitarios, promocionales, institucionales o proselitistas provenientes de aeronaves cuando sean perceptibles desde el suelo.
El proyecto, impulsado por el concejal Gustavo Farquharson, fue fundamentado en la necesidad de proteger el descanso, la salud y la intimidad de los vecinos, con especial consideración hacia personas con hipersensibilidad sensorial y TEA. El argumento es atendible. La discusión más interesante, sin embargo, apareció cuando se analizó si el municipio tiene realmente las herramientas para hacer cumplir lo que acaba de aprobar.
La concejal Agustina Álvarez cuestionó precisamente ese punto. Sostuvo que la regulación de la actividad aeronáutica corresponde al ámbito federal y que la autoridad nacional es la que tiene competencia sobre la circulación y fiscalización de aeronaves. Por eso advirtió que la ordenanza puede generar en los vecinos la expectativa de que la Municipalidad podrá sancionar una actividad sobre la que, en la práctica, tendría facultades limitadas.
La norma establece una autoridad de aplicación municipal, habilita denuncias, inspecciones, actas y sanciones, e incluso contempla la identificación de las aeronaves y la remisión de antecedentes a organismos nacionales. Pero la discusión jurídica planteada en el recinto deja una pregunta abierta: ¿hasta dónde puede llegar el poder de policía municipal cuando se trata de una actividad sometida a regulación federal?
Prioridades
Más allá de la discusión jurídica, quedó planteado otro interrogante: el criterio de oportunidad utilizado por el Concejo.
Mientras los barrios acumulan reclamos por inseguridad, calles, servicios, iluminación, deudas, presión tributaria y una crisis económica que condiciona la vida cotidiana de muchas familias, los concejales dedicaron una sesión a legislar sobre las avionetas con altoparlantes.
No se trata de negar que el ruido pueda constituir una molestia ni de desconocer la necesidad de proteger a quienes padecen especialmente la contaminación acústica. Se trata de observar la proporción entre el problema y la respuesta institucional.
La sesión terminó discutiendo algo bastante más profundo que el ruido de una avioneta: qué problemas está eligiendo resolver el Concejo y cuáles quedan relegados.
La ordenanza ya fue aprobada. Ahora vendrá la prueba concreta: cuando una aeronave vuelva a sobrevolar la ciudad con un altoparlante encendido, habrá que comprobar si el municipio cuenta efectivamente con herramientas para intervenir.
Porque entre declarar un problema y resolverlo existe una diferencia que los vecinos conocen demasiado bien.
