Ley Penal Juvenil: el desafío de garantizar seguridad, responsabilidad y reintegración de los adolescentes

El IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, que comenzó este jueves en el Centro de Convenciones de Salta y continuará este viernes, puso en el centro del debate los desafíos que plantea la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil. Bajo el eje “La especialidad como garante de la paz social”, especialistas, integrantes del Poder Judicial y referentes de organismos vinculados a la infancia analizan los cambios y las condiciones necesarias para su implementación.

En diálogo con El Tribuno, Alejandro Morlachetti, disertante de UNICEF Argentina, destacó que el encuentro se inscribe en un trabajo que lleva varios años y que involucra al Foro Penal Juvenil, la Junta Federal de Cortes y la red de jueces de los tribunales superiores de las provincias que coordina UNICEF.

“Ya venimos conversando sobre los desafíos que implica el tema y el sistema penal juvenil en general y ya veníamos trabajando también durante todo este año en preparación a la entrada en vigencia de la ley, que ocurrió hace poquito, ahora el 5 de septiembre”, explicó.

El desafío de implementar la ley en cada provincia
Para Morlachetti, más allá de las distintas interpretaciones que puedan surgir sobre el nuevo marco legal algunas de las cuales pueden considerarlo un avance y otras señalar determinados retrocesos existe un desafío central que atraviesa cualquier legislación: la capacidad institucional para implementarla.

“Como todo marco legal, más allá de las características del marco legal y los análisis que se hacen, hay un desafío que es clave, como cualquier ley, que es la capacidad institucional de implementación”, señaló.

Ese desafío, explicó, comprende tanto los recursos presupuestarios como los recursos humanos e institucionales necesarios para poner en funcionamiento el nuevo sistema.

“Ahí está el gran desafío que va a tener que emprender el país a nivel nacional y las provincias, porque al final la implementación es a nivel territorial”, sostuvo.

En ese sentido, cada provincia deberá adecuar o fortalecer sus capacidades de respuesta y, particularmente, mejorar la articulación entre el Poder Judicial y los sistemas de protección de la infancia, tanto dentro del subsistema de responsabilidad penal juvenil como en el sistema de protección.

El objetivo, según explicó el especialista, debe contemplar dos momentos: prevenir que los chicos lleguen a una situación de conflicto con la ley y, cuando ese conflicto ya se produjo, trabajar para evitar que vuelvan a atravesarlo.

“De lo que se trata es tanto de prevenir que el chico llegue al conflicto con la ley como, al chico que llegue al conflicto con la ley, cómo hacemos para que no vuelva a estar en conflicto con la ley penal”, afirmó.

El aporte de UNICEF y las experiencias provinciales
En este proceso, UNICEF brinda cooperación técnica a distintas provincias a partir de la experiencia acumulada a nivel internacional.

“Desde UNICEF nosotros proveemos y facilitamos cooperación técnica con muchas provincias, con buena parte del territorio, en donde básicamente ayudamos por la experiencia acumulada”, explicó Morlachetti.

La organización trabaja, según indicó, en la generación de evidencia y estadísticas y en la identificación de buenas prácticas que puedan ser utilizadas para acompañar a los gobiernos provinciales.

“UNICEF está presente en la mayoría de los países del mundo y tratamos de generar evidencia, estadísticas, cuáles son las mejores prácticas y básicamente colaborar con los gobiernos provinciales para que lo puedan hacer de la mejor manera posible”, detalló.

Consultado sobre si existe alguna provincia argentina que pueda ser tomada como referencia, Morlachetti evitó señalar una única experiencia y explicó que existen diferentes iniciativas en distintas jurisdicciones.

Mencionó, entre otras, experiencias vinculadas con la justicia restaurativa, alternativas a la privación de la libertad y la participación de las víctimas.

“Hay experiencias en muchas provincias”, indicó.

También destacó el caso de la provincia de Buenos Aires, donde funciona el programa Entramados, que reúne distintas experiencias desarrolladas por servicios locales y municipios.

Para el especialista, el desafío consiste ahora en transformar esas experiencias dispersas en políticas con mayor alcance.

“Hay diferentes respuestas que se van dando, pero que debemos transformar en una política más nacional y una política más homogénea en todas las provincias para que, de alguna forma, la niñez no reciba diferentes tipos de respuestas dependiendo de dónde están”, planteó.

Seguridad, responsabilidad y reintegración
Morlachetti consideró que uno de los grandes desafíos para Argentina será encontrar una respuesta que contemple simultáneamente distintos aspectos: el enfoque de derechos, las demandas sociales vinculadas con la seguridad y la responsabilidad de los adolescentes frente a los delitos que puedan cometer.

“¿Cómo garantizamos una respuesta que sea acorde a un enfoque de derechos, que dé una respuesta a los temas de los pedidos de seguridad, que dé una respuesta a la responsabilización de los posibles actos que puedan cometer adolescentes, pero que al mismo tiempo esa respuesta, como es el título de este Congreso, sea especializada?”, planteó.

Y explicó que hablar de especialidad implica que la respuesta del sistema tenga en cuenta la condición de adolescente y apunte a su reintegración.

“Que sea especializada quiere decir que es una respuesta acorde a reintegrar el chico a la sociedad y no una respuesta que es meramente punitiva”, afirmó.

Adicciones: un abordaje que debe ser principalmente sanitario
Durante la entrevista también fue consultado por la problemática de las adicciones, uno de los temas que atraviesan actualmente a niños y adolescentes y que en ocasiones aparece vinculado al debate sobre el delito juvenil.

Morlachetti planteó la necesidad de evitar una asociación automática entre ambas problemáticas.

“Las adicciones sí, lo que pasa es que no hay que relacionarlo necesariamente con el tema penal juvenil”, sostuvo.

Reconoció que puede existir una relación en determinados casos, pero remarcó que el abordaje central de las adicciones corresponde al ámbito de la salud.

“Las adicciones básicamente, como pasa en los adultos, tienen que ver con un tema de salud mental, tiene que ver con un tema de abordaje del Estado, del sistema de salud”, explicó.

Por eso, consideró que la cuestión penal juvenil puede vincularse con las adicciones cuando existe una relación concreta con determinados hechos, pero el tratamiento de la problemática debe tener como eje principal una perspectiva sanitaria.

La especialidad como clave del sistema
En su disertación, Morlachetti explicó que uno de los principales objetivos será compartir el trabajo que UNICEF viene desarrollando junto a las secretarías de Niñez de todo el país y el Poder Judicial.

También pondrá el foco en los estándares internacionales y en las obligaciones asumidas por Argentina en materia de derechos de niños y adolescentes.

“Básicamente, contar un poco lo que hace UNICEF, lo que viene haciendo UNICEF, lo que venimos trabajando con las secretarías de Niñez de todo el país y con el Poder Judicial”, adelantó.

En ese marco, remarcó la importancia de recordar los compromisos internacionales asumidos por el país y el papel central de la Convención sobre los Derechos del Niño. “La especialidad es la palabra clave”, afirmó.

Según explicó, cuando una persona es menor de 18 años, el sistema debe contemplar un conjunto de derechos y garantías que diferencian su tratamiento respecto del de una persona adulta. “Si son menores de tal edad, en este caso 18 años, el bagaje, la cantidad de derechos y garantías que se aplican te diferencian del tratamiento del adulto”, señaló.

“No es una declaración: es un tratado con obligaciones jurídicas”
Morlachetti remarcó además que la Convención sobre los Derechos del Niño no debe ser entendida simplemente como una declaración de principios.

“La Convención de Derechos del Niño no es una declaración de un grupo de personas, es un tratado”, sostuvo, y destacó que se trata de uno de los instrumentos internacionales de derechos humanos con mayor nivel de ratificación.

En el caso argentino, agregó, la Convención no solo fue ratificada, sino que tiene jerarquía constitucional. “Argentina no solo ratificó, sino que colocó en el estándar más alto que la Constitución”, indicó.

Por eso, insistió en que sus disposiciones implican obligaciones jurídicas para el Estado. “No es un documento adoptativo, no es una declaración, no es un libro, es un tratado que tiene obligaciones jurídicas”, afirmó.

Desde esa perspectiva, explicó que cuando un adolescente comete un delito, el Estado debe responder y el joven debe asumir una responsabilidad, pero esa respuesta debe respetar los estándares establecidos para garantizar su reintegración social.

“Si un chico comete un delito, el Estado debe reaccionar, el chico debe tener una responsabilidad, pero ese tratamiento debe estar acorde a una cantidad de estándares para que ese chico pueda reintegrarse en la sociedad”, explicó. Y resumió el eje de su planteo: “De eso se trata, es tan simple como eso”.

Finalmente, sostuvo que el cumplimiento de estos estándares forma parte de las propias obligaciones legales del Estado.

“Es una ley mucho más importante que muchas de las otras leyes, por lo tanto, cuando uno dice ‘hay que cumplir la ley’, es exactamente eso, hay que cumplir la ley. Y la ley también es la Convención de Derechos del Niño”, finalizó.