Recurrirían el fallo de la Corte que respalda la reforma electoral

La Corte salteña avaló las modificaciones establecidas para la presentación de candidaturas, listas y frentes en la reforma electoral que sancionó Legislatura el pasado 30 de abril y promulgó el Ejecutivo en mayo último. El respaldo del máximo tribunal de la provincia a la ley 8535 se conoció en la antesala de la convocatoria a comicios generales, previstos en principio para mayo de 2027, y que tiene en las puertas al decreto que oficializaría el llamado.

Los cambios de reglas instrumentados a través de la denominada Ley de Participación Democrática movieron planteos de inconstitucionalidad formulados en tres acciones que la Corte acaba de rechazar. Uno de esos expedientes se abrió con una presentación realizada por Carlos Zapata y Lourdes Ríos Ayllón. En otro los cuestionamientos fueron llevados al tribunal que preside Teresa Ovejero Cornejo por Alejandro Patrón Costas. El tercer expediente se abrió con una presentación de Claudio Del Plá, dirigente del Partido Obrero que vinculó las exigencias para participar en los comicios con un intento de restringir la competencia de las fuerzas políticas de izquierda.

Sobre la asignación de cargos, la Corte concluyó que la ley respeta el principio de elección directa establecido por la Constitución.

Zapata, diputado nacional del bloque de la Libertad Avanza y presidente del partido Ahora Patria, no descartó recurrir ante la Corte de Justicia de la Nación al fallo que calificó de arbitrario y desajustado al derecho. También Patrón Costas, quien preside al joven Partido de la Reconquista, adelantó que estudia recurrir el fallo ante la Corte Suprema.

Los jueces del máximo tribunal provincial concluyeron que el régimen electoral instrumentado a través de la ley 8535 fue aprobado por la Legislatura en ejercicio de sus atribuciones y determinaron que el cambio de reglas no contradice los ordenamientos de las constituciones provincial y nacional. También consideraron razonables las exigencias para presentar candidaturas a gobernador y vicegobernador y conformar frentes electorales.

La Corte de Justicia de Salta ratificó la validez de aspectos de la reforma electoral relacionados con uso el voto electrónico.

En la resolución, el máximo tribunal salteño sostuvo que las provincias tienen autonomía para establecer sus propios sistemas electorales, de acuerdo con los artículos 5, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional. Los jueces también señalaron que el artículo 56 de la Constitución provincial deja en manos de la ley la determinación del régimen electoral, mientras que el artículo 127, inciso 16, otorga a la Legislatura facultades para reglamentarlo según las circunstancias políticas y sociales.

Candidatos

Uno de los puntos centrales de la resolución fue la validación del artículo 2 de la ley 8535, que establece que las fuerzas políticas deberán presentar candidaturas en al menos 15 departamentos de la provincia para poder postular candidatos a gobernador y vicegobernador. La Corte consideró que esta exigencia es razonable, ya que establece una condición de organización y participación territorial para las agrupaciones políticas. Según el tribunal, el requisito guarda relación con las funciones del gobernador, quien representa a la totalidad de la provincia y no únicamente a determinados departamentos.

Frentes electorales

Otro de los aspectos abordados en el fallo es la obligación de que los frentes electorales estén conformados por un mínimo de dos partidos políticos. La Corte consideró que esta exigencia es coherente con el propósito de la ley de garantizar una mayor representatividad de las fuerzas que participan en las elecciones. Sus jueces coincidieron en que la normativa respeta el principio de igualdad, porque establece el mismo tratamiento para quienes se encuentran en circunstancias equivalentes. También señalaron que es válido distinguir entre partidos políticos y alianzas electorales, dado que se trata de organizaciones que presentan características diferentes.

Facultades

En otro tramo de su decisión, el máximo tribunal provincial sostuvo que la elección de un determinado sistema electoral constituye una cuestión de mérito, oportunidad y conveniencia que corresponde resolver a los poderes políticos del Estado. En este marco, insistió en que la Legislatura tiene facultades para establecer las reglas del sistema electoral, siempre que estas respeten los límites fijados por las constituciones nacional y provincial.